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¡Maten esta producción! Y acá no pasó nada.

Por Carolina Botero

Conoce la versión original de esta columna publicada en El Espectador

Santiago Rivas es la imagen del programa más visto y premiado de la televisión pública colombiana “Los puros criollos”, y es también un crítico implacable y divertido de las reformas legales al sector TIC. Suele opinar sobre el entorno en el que se mueve, la televisión pública. Quién diría que esto fuera el detonante para despertar el debate sobre la censura que existe para que quienes estando vinculados al Gobierno participen desde su ejercicio ciudadano en procesos legislativos y para hablar de y proteger a los informantes o “whistleblowers”.

Rivas decidió criticar la ley de Modernización TIC que presentó el Gobierno de Duque al Congreso en 2018. Considera que hay elementos que perjudican a la televisión pública y ha sido vocal al respecto. Lo que para muchos de nosotros es una legítima acción ciudadana que enriquece el debate público y debería ser atendida por el Gobierno con respeto –con la premisa de que el resultado legislativo debe reflejar a la sociedad colombiana y no solo a la visión gubernamental–, fue leído por otros como la osadía de un contratista del Estado que se atrevió a patear la lonchera, que no hizo lo que todos los que reciben un pago del Estado deben hacer: ¡callar! (es decir, autocensurarse).

En diciembre, el director del sistema de medios públicos (RTVC), Juan Pablo Bieri, ordenó sacar de parrilla las repeticiones que el canal público transmitía de la serie presentada por Rivas y decidió estrenar la nueva temporada quitándole protagonismo. En su momento ni siquiera se sabía si mantendría la campaña de lanzamiento.

Ante las denuncias que señalaban que se trataba de un acto de censura al presentador, porque todo lo relacionado con esta serie ya se había hecho, había costado dinero público y estaba programado y definido con antelación –incluso al punto de que sería el programa insignia del canal público–, Bieri simplemente indicó que era una decisión gerencial y que no tenía nada que ver con la posición crítica de Rivas.

Sin embargo, el audio difundido esta semana por la FLIP y la Liga contra el silencio confirmó lo que Rivas había denunciado: se trató de una acción de censura contra él.

En el audio se escucha cómo Bieri considera que Santiago se burla del Estado. Aprueba a su interlocutor cuando dice que eso está mal porque, como la entidad es la que le da de comer, él no puede criticar las políticas públicas. Bieri justifica su decisión precisamente para no darle espacio y protagonismo al crítico. Su lógica es, si la plataforma crece, crece Rivas y, para Bieri, esto hace que “quedemos mal nosotros” porque RTVC está públicamente apoyando el proyecto de ley. En suma, la decisión –contrariamente a lo que había dicho Bieri en diciembre a todos los medios– fue una censura a Rivas por su actividad de participación ciudadana y crítica. Está directamente relacionada con el debate por la ley de modernización TIC y es una confusión constante entre lo que es el Estado y lo que es el Gobierno. Este audio deja muy mal parado a Bieri, a la junta directiva de RTVC y al mismo Gobierno.

En redes reaccionaron exigiendo a Bieri asumir su responsabilidad y la etiqueta #RenuncieBieri se popularizó. La respuesta del funcionario fue atacar la denuncia y, justo al momento de cerrar esta columna, publicar su carta de renuncia.

En su defensa, Bieri afirmó que el audio fue obtenido fraudulentamente y violando su intimidad. Bieri citó una parte del Manual Antiespías, elaborado para la FLIP por Fundación Karisma –donde trabajo–, que incluye la “invasión a la vida privada” como una amenaza contra los periodistas, que consiste en usar la información personal (fotos, ubicación, contactos, etcétera) de periodistas que está disponible en redes sociales para coaccionar a esas personas o a sus contactos. Efectivamente, allí se dice que si esa información se obtiene de forma fraudulenta se está ante una actividad ilegal.

Sin embargo, la interpretación de Bieri es equivocada. La amenaza a la que se refiere el manual no protege conversaciones en las que un funcionario público desvela una acción que va en contra de las garantías de derechos humanos y que puede constituir delito. Acá no se trata de un aberrante ataque a la intimidad de Bieri, sino que es un caso de transparencia, de cómo un funcionario público toma decisiones para proteger el poder del que forma parte. Es por eso –porque lo que allí se dice es de interés público–, por lo que no se comete un delito al divulgarlo.

En primer lugar, aunque parece existir un dilema en el que privacidad y transparencia chocan, como he dicho en otras oportunidades, basta con verlas como las dos caras de una misma moneda. Así, el dilema se resuelve reconociendo que la intimidad es inversamente proporcional al poder y, al revés, la obligación de transparencia es directamente proporcional a ese poder. Por eso, la ciudadanía, las personas comunes y corrientes, tienen más protección de privacidad, mientras que los personajes públicos, las élites económicas y políticas y, sin duda, los funcionarios públicos tienen menos, porque su compromiso es con la transparencia.

El cargo que ostentaba Bieri lo obligaba a ser transparente. Tenía derecho a sentirse incómodo con la voz crítica que se opone a sus decisiones gerenciales y puede despreciar a Rivas. Sin embargo, sus decisiones no podían basarse en esas motivaciones y mucho menos –desde su cargo público en el que administraba nuestros impuestos debía tomar decisiones privilegiando un espacio sano de información–, usarlo para mantener el poder político del Gobierno de turno.

De otra parte, divulgar el audio que recoge una conversación privada en este caso no es ilegal. La Relatoría Especial para libertad de expresión de la OEA ha sido consistente en afirmar que “los denunciantes (whistleblowers) que siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente a sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe”. De hecho, la tendencia en el mundo es proteger a esos informantes y darles garantías legales para que puedan denunciar estos actos, pues, constituyen un control efectivo al poder público.

Lo que está pasando con Rivas/Bieri es importante para reflexionar sobre la autocensura que es común entre funcionarios públicos –y contratistas–, y que hace tanto daño a largo plazo a nuestro sistema democrático. Por eso, necesitamos más informantes que desvelen las motivaciones de estas autocensuras y debemos hacer que sean socialmente cuestionadas. Toda persona sin importar si pertenece o no al Gobierno debe poder manifestar su opinión sobre las políticas públicas libremente sin temor a la retaliación.

Este no es un caso aislado, es el que se ha probado.

Este caso refleja en concreto una tendencia que ya habíamos identificado en Colombia, las políticas públicas están marcadas por la premisa del unanimismo de Estado, y realmente se desarrollan con el propósito de reflejar sobre todo la visión del Gobierno. Y, atención que este es un problema que no es exclusivo de la administración de Duque.

Lo vimos también en las discusiones a la reforma del derecho de autor. El ente estatal que asume el liderazgo es el único vocero del Gobierno para discutir el tema. Hasta ahí vamos bien, pues es deseable una sola voz cantante. Sin embargo, eso lo confunden con ser el único que puede hablar sobre el tema. La orden durante las discusiones de Ley Lleras era que ninguna otra entidad del Estado podía manifestar su opinión. Eso lo hicieron extensivo a los funcionarios -Bieri va más allá y pretende que la censura se aplique a contratistas del pasado-, quienes asumen su obligación de no patear la lonchera y se autocensuran.

El problema con esto es que ese unanimismo evita que se escuchen voces informadas y conocedoras de los temas que pueden aportar y enriquecer los debates legislativos y lograr mejores leyes. Así, el Gobierno es efectista, pues acalla críticas, lo que le facilita cumplir con el afán del momento.

Y el gobierno…

En las últimas horas se conocieron las declaraciones de la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez al respecto, argumentando que no ve motivos para que Bieri se aparte del cargo como gerente de RTVC. Ramírez dijo a Blu Radio: “no veo la razón, si llegara a tener alguna falta a la ley, claro que sí. Pero me parece valioso que el procurador haya abierto investigación y que sea él quien decida si hubo infracción o no. El gobierno de Iván Duque es y será siempre garante de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en Colombia. Los temas administrativos del manejo de un canal los tiene que asumir el director del canal”.

La ministra de las TIC por su parte también minimizó el tema en una entrevista con W Radio. Allí dijo que la grabación fue una discusión en caliente que luego no tuvo consecuencias y defendió a Bieri porque nadie nace aprendido. Sus palabras más que una defensa parece confirmar la sospecha de muchos en el sentido de que le faltaba experiencia a Bieri para asumir ese cargo y ahora se resignan a que esa improvisación les pasó factura.

Pero, en el fondo las dos funcionarias desconocen la importancia y el rol de la libertad de prensa y de expresión que es totalmente lo contrario a las acciones que tomó Bieri. ¿Será que no escucharon la misma grabación que oímos los demás?

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